La presidente de la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias (AEI), Claudia Castillo indicó que el gremio que dirige se opone a que se apruebe el anteproyecto de ley sobre alquiler de bienes inmuebles, ya que a su juicio, el mismo afectaría en gran medida al sector inmobiliario del país.

En una entrevista para LISTÍN DIARIO, Castillo manifestó que en la manera que se ha presentado y aprobado en una primera lectura, este les haría daño a inversionistas y al cliente final.

“Estaríamos en contra de que se apruebe como ley bajo el esquema que ha sido presentada, sin embargo no estamos en contra de que el sector sea regulado”, aclaró.

Expresó que la AEI propone que el anteproyecto sea revisado de manera consensuada con todos los involucrados en el sector inmobiliario.

Aseguró que el gremio ha sido muy claro en cuanto a su posición respecto a ese anteproyecto, por lo que han realizado un documento junto con la Asociación de Promotores de Viviendas y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) que están en la misma lid.

Explicó que una de las causas por la que están en contra de este anteproyecto, el cual ha sido sometido por Henry Merán y Demóstenes Martínez, es porque afecta el libre acuerdo entre dos partes, ya que no se respeta.

“Entiendo que el contrato debe hacerse bajo el marco de conveniencia de ambas partes y ahí están siendo muy tajantes con ese punto”, refirió.

Castillo dijo que el punto que más han refutado es el concerniente al depósito de los alquileres en el Banco Agrícola. Consideró como viable que los depósitos sean dirigidos a una institución, pero entiende que debe ser una que apoye el desarrollo inmobiliario.

“Pudiera ser perfectamente el Banco de Reservas o una institución privada que enfoque esos recursos en el desarrollo de mejores tasas hipotecarias y en el desarrollo de construcción de viviendas de bajo costo”, sostuvo.

Asimismo, añadió que temas como el desalojo o la culminación de contrato por incumplimiento son argumentos que el anteproyecto no cuenta con procedimientos diligentes para poder efectuarlos debidamente.

En el caso actual, no hay un mecanismo viable que permita desalojar a un inquilino moroso o que incumple con los contratos.

“Tenemos clientes con inquilinos morosos y deudas de meses, incluso hasta de años y no hay un procedimiento expedito para hacer un desalojo y es por eso que se debería revisar.

Aclaró que como gremio defienden tanto a inversionistas como clientes finales, por lo que abogan por una buena relación entre ambos y por eso entendemos que lo primero que tiene que haber es un acuerdo que beneficie a ambas partes.

La presidente de la AEI sostuvo que este anteproyecto solo contempla el contrato por un año, por lo que no se ajustaría a los tipos de alquiler que se dan a nivel comercial o industrial.

“Esos son contratos que se hacen hasta cinco años, dependiendo. Es por eso que pedimos una revisión, ya que no se pueden englobar todos esos alquileres en un solo saco”, dijo.

Destacó que con esta revisión se proponen preservar un sector tan importante como el inmobiliario.

Lo que dice el anteproyecto

El proyecto de ley general de alquileres de bienes inmuebles y desahucios aprobado por la Cámara de Diputados, además de eliminar la exigencia de los tres depósitos, dispone que se deben depositar en el Banco Agrícola las sumas que entregan los inquilinos por concepto de alquiler, junto con un original del contrato, en los quince días de la vigencia de lo estipulado.

El banco llevará un registro de los contratos de alquiler depositados por los propietarios, y a partir de ese momento tendrán fecha cierta.

También especifica que no se dará curso a ninguna solicitud, instancia o demanda dirigida al Juzgado de Paz con fines de de-salojo o para el cumplimiento de obligación contractual o legal derivada del contrato, hasta que el demandante, propietario o inquilino presente el recibo original o certificación del Banco Agrícola de la República Dominicana, mediante el cual se demuestre haber realizado el depósito. La ley tiene por objeto dictar las normas para regular las relaciones jurídicas originadas en el alquiler de bienes inmuebles que se destinen a viviendas o a usos distintos.